Transportistas siguen recibiendo devoluciones del céntimo sanitario diez años después de declararse ilegal

La historia del céntimo sanitario, también conocido como el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, es un capítulo controvertido en la relación entre la tributación y el transporte de mercancías en España.

Este impuesto, que se implementó en 2002 con el propósito de financiar la sanidad pública, estuvo vigente durante más de una década, recaudando más de 13.000 millones de euros en ese período. Sin embargo, su ilegalidad, declarada por el Tribunal de Justicia Europeo en febrero de 2014, abrió la puerta a una larga batalla legal y administrativa para su devolución, en la que los transportistas se han convertido en los principales afectados.

El céntimo sanitario, como su nombre indica, era un recargo que se aplicaba sobre las gasolinas y los gasóleos. El propósito declarado era noble: financiar la sanidad pública. Sin embargo, desde su inicio, este impuesto generó controversia y críticas desde varios sectores debido a su posible incompatibilidad con la normativa europea en materia de tributación sobre los combustibles. Estas preocupaciones se confirmaron cuando el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó su ilegalidad en 2014.

La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo no solo declaró ilegal el impuesto, sino que también estableció que no habría limitación temporal en los efectos de la sentencia, debido a la actuación culpable del Estado español, que había mantenido vigente el impuesto durante más de una década a pesar de las advertencias de las instituciones comunitarias sobre su ilegalidad.

La ilegalidad del céntimo sanitario desencadenó una serie de reclamaciones por parte de diferentes entidades y asociaciones, siendo Fenadismer una de las más destacadas. Estas reclamaciones buscaban la devolución de lo recaudado ilegalmente durante más de una década, principalmente en beneficio de los transportistas que se habían visto gravemente afectados por este impuesto.

A pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, la devolución de los importes recaudados ilegalmente se ha convertido en un proceso tortuoso y aparentemente interminable. La Agencia Tributaria inicialmente se limitó a devolver lo recaudado en los últimos 4 años de vigencia del impuesto. No fue hasta 2016 que el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado y ordenó la devolución de las cantidades recaudadas que habían prescrito, abarcando el período desde 2002 hasta 2009.

A pesar de que han pasado más de seis años desde la sentencia del Tribunal Supremo, el proceso de devolución ha avanzado a un ritmo desesperadamente lento. El Ministerio de Hacienda ha alegado falta de presupuesto como motivo para retrasar la devolución de los importes recaudados ilegalmente. Mientras tanto, los transportistas continúan esperando la devolución del céntimo sanitario, acompañado de los intereses de demora correspondientes.

Fenadismer, con el apoyo legal de la corporación internacional Ernst and Young, ha liderado la lucha en nombre de los transportistas. Gracias a las sucesivas reclamaciones presentadas, han logrado recuperar aproximadamente 100 millones de euros en favor de sus asociados a lo largo de todos estos años. A pesar de este logro, la devolución de todo lo recaudado ilegalmente sigue siendo un proceso pendiente para muchos afectados.

El caso del céntimo sanitario sirve como un recordatorio del impacto significativo que la tributación puede tener en la industria del transporte de mercancías. Aunque el impuesto fue presentado como una medida para financiar la sanidad pública, su ilegalidad y la posterior lucha legal para su devolución han dejado un sabor amargo en la boca de los transportistas. La demora en la devolución de los fondos ha tenido un efecto negativo en la economía de muchas empresas de transporte, que continúan esperando justicia.

En conclusión, el céntimo sanitario representa un episodio lamentable en la relación entre la tributación y el transporte de mercancías en España. A pesar de su propósito inicial de financiar la sanidad pública, su ilegalidad ha generado una batalla legal prolongada que aún no ha llegado a su fin. Mientras tanto, los transportistas siguen esperando la devolución de lo recaudado ilegalmente, esperando que se haga justicia después de años de incertidumbre e inacción por parte de las autoridades.